¿Dónde está la Unidad de Apoyo al Profesorado?
«Legislar sobre la dignidad docente es sencillo; sostenerla cuando una maestra se rompe, parece que no tanto.»
En las últimas semanas he compartido la herida de ver cómo se rompía mi continuidad con «mi quinto». Una decisión injustificable amparada en una supuesta queja familiar que nadie me ha mostrado y que ni siquiera constaba en la inspección.
Hoy no escribo solo desde el dolor personal, sino desde la indignación: lo vivido destapa la farsa de nuestra supuesta protección laboral.
El Decreto 209/2025 nos reconoce sobre el papel como autoridad pública, consagra la presunción de veracidad y promete asistencia psicológica gratuita a través de una «Unidad de Apoyo al Profesorado». Palabras impecables en el BOJA, pero en la realidad cotidiana:
- ¿Dónde quedó mi presunción de veracidad cuando bastó la presión de una sola familia para apartarme de mi tutoría tras más de 36 años de servicio, ignorando además el respaldo de la mayoría?
- ¿Dónde está la protección a la salud de quien hoy no puede estar en las aulas por una ansiedad provocada por este atropello?
El pasado 2 de septiembre solicité formalmente la atención psicológica que me corresponde por ley. Ha pasado más de un mes de silencio absoluto. La única respuesta —recibida por lo bajo y de manera extraoficial— es demoledora: «El derecho está en la norma, pero la unidad y el gabinete todavía no existen ni funcionan en Huelva».
¡Te quedas helada!
Presumen de blindarnos en los titulares de prensa, pero cuando una docente pide amparo tras casi cuatro décadas de entrega —18 de ellas en la dirección escolar— solo encuentra una ventanilla cerrada y una estructura fantasma.
Pregunto en voz alta y a quien corresponda: ¿Dónde está la Unidad de Apoyo al Profesorado? ¿De qué sirve otorgarnos rango de autoridad si ante el primer vendaval nos dejan a la intemperie?
La salud de los maestros no se defiende con decretos vacíos. Se defiende con recursos, con empatía y con hechos.
María Barceló Martínez